Redes Sociales: La incursión de los políticos y su influencia en la toma de decisiones de los usuarios mexicanos

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Por: Zazil Chagoya*

Es un hecho que el uso de Internet y las redes sociales, juegan roles  relevantes en la ingeniería social de nuestro país. Lo rectifican datos como que el total de usuarios de Internet en México asciende a 40 millones 41 mil (Islas, 2011), considerando que la  población del país asciende a 115 millones de mexicanos, la penetración absoluta de Internet en México es 35.71%, de los cuales, el total de usuarios mayores de 18 años es de más de 33 millones, en su mayoría jóvenes. Estos usuarios dedican 12.4 hrs. a la semana a la Internet, más que a la radio, la televisión, los periódicos y a convivir con conocidos; sólo el tiempo dedicado a la familia supera el destinado a Internet. (World Internet Project México, 2011) 

También es sabido que  Facebook y Twitter son las  redes sociales con mayor impacto en México y con mayor número de usuarios (también jóvenes en su mayoría), que hábilmente los medios de comunicación tradicionales se han integrado o se están integrando a ellas y que los millones de mexicanos  usuarios de estas redes,  recurren a ellas con hábitos que poco tienen que ver con la toma de decisiones o  la participación ciudadana; esto a pesar de los esfuerzos de nuestra  clase política por incursionar en ellas para impactarlos y tratar de persuadirlos a forjarse opiniones optimistas o a volcarse a su favor en las urnas.

Así, en México tenemos a los candidatos (de los principales partidos políticos) a alcaldías y gubernaturas de estado, intentando seguir los pasos de personalidades como Barack Obama, quien debió su éxito en las elecciones presidenciales, en gran parte a la  comunicación que estableció vía Twitter con los ciudadanos americanos; subrayando que en el caso de México, ha habido manejos tan pobres en los contenidos y en la interacción con los usuarios, que en algunos casos parece una –mala idea- la inclusión de algunos políticos en las redes sociales.

En abril de este año, la Presidencia de la República a través de su vocera, anunció un nuevo modelo de comunicación gubernamental-digital que incluía la interacción en Twitter de prácticamente todos los altos mandos del gabinete presidencial; este modelo fue planteado como un proyecto innovador, proveedor de transparencia, procurador del derecho de los mexicanos a informarse y preguntar, completamente interactivo; sin embargo, estos esfuerzos  de la clase política por causar efectos favorables en los mexicanos, no han sido suficientes ni están teniendo impactos importantes en los resultados sobre las preferencias de uso de los mexicanos en las redes sociales,  derivando en que fuera de determinados grupos de universitarios, académicos e intelectuales, el ciudadano  promedio sigue mostrándose distante y apático  al entorno político y ciudadano. ¿Qué podría estar alimentando su desinterés? En primera instancia, están, a mi, parecer las prácticas gubernamentales de antaño, provenientes de un sistema político desgastado y obsoleto, con la insistente e incansable manía de adornar la información, de faltar a la transparencia, de ensalzar los logros del político como si fueran propios, de exteriorizar discursos tramposos, entre otras; y en segunda instancia el sentimiento generalizado de desencanto que prevalece en nuestro país.

Sería ingenuo por parte de los políticos pensar que pueden revolucionar los hábitos del usuario, sólo por el hecho de interactuar con él en las redes (en la víspera de una elección) mientras represente a un sistema político cerrado en el que los ciudadanos sólo toman decisiones una vez cada tres o seis años al momento de votar.

Sirva el ejemplo de las elecciones del Estado de México, citando a Claudia Benassini (2011, ¶ 1)

“…entre el 30 de junio y el 3 de julio se publicaron once tuits en el Timeline de @eruviel_avila, todos en su contra. La mayoría giraba en torno a las inundaciones en Ecatepec y Neza, con énfasis en el primer municipio que el priista habría gobernado en dos ocasiones, otro relacionado con el apoyo brindado por Elba Esther Gordillo y sobre la multa de 26 mil pesos impuesta por el TRIFE por anticipar su campaña. Eventualmente habría apoyos a su favor solicitando el voto por el priista. El domingo 3 de julio se registraron 16 publicaciones: muy pocas denunciando irregularidades sobre todo relacionadas con la compra de votos; otras tantas retomando el tema de las inundaciones y, la mayoría, sobre sus primeras declaraciones a los medios, entrelazadas con algunas felicitaciones de sus seguidores. Hasta las 12 del día del lunes 4 de julio, el Timeline de Eruviel Ávila había recibido 46 publicaciones, la mayoría de electores que lo felicitaban por su triunfo. Finalmente, la cuenta @eruviel_avila registró cinco publicaciones el domingo 3 de julio, todas agradeciendo su triunfo a los electores.”

Opinión que nos remite a que durante el proceso electoral mexiquense, los candidatos lejos de incentivar al ciudadano a participar, opinar, reflexionar, preguntar a través de Twitter, se limitaron a proveer de información lineal e ignorar las críticas y reclamos de la ciudadanía. Lo anterior,  sin entrar en materia sobre el comportamiento descaradamente servil de los seguidores de Twitter de este y otros  políticos como Enrique Peña Nieto o del mismo Felipe Calderón Hinojosa, quienes tienen un ejército de tuiteros complacientes y bienintencionados que aplauden cada mensaje –posteado-.

Sobre este tema, ya Paola Ricaurte Quijano, realiza incluso una clasificación del fenómeno que nombra como “Acarreados Digitales” (Quijano, 2011).

“…A continuación describiremos algunos de los tipos de acarreados digitales que hemos encontrado: acarreados fantasmas (cuentas vacías), bots (programados para tuitear) y acarreados activos (pagados para tuitear).

1. Los acarreados digitales fantasma

Ya es de todos conocido que inflar una cuenta es sencillo. Para ello pueden utilizarse algunas estrategias. Una de ellas es comprarse followers en Mercado Libre o e-Bay a precios bastante razonables. Otra, aún más barata, es crear un número indefinido de cuentas, sin tuits, sin followers, vacías, posible si tenemos un gran equipo de campaña que se dedique a eso.

2. Los bots

Se utiliza software para simular actividad humana y los tuits se encuentran programados para ser tuiteados automáticamente. No responden, no interactúan.

3. Los acarreados digitales activos

También se llaman equipo de campaña. Son contratados para dedicarse a ello de tiempo completo o semi-completo (en la noche a veces duermen). Son muy violentos.”

Estas tendencias, nos llevan a dudar de la autoría y veracidad de los comentarios y contenidos  posteados en las cuentas de más de un político; y sin duda a la conclusión de que desafortunadamente en Facebook y  Twitter,  son muy pocos los que están dispuestos a hacer campañas honestas y frontales en las redes; menos aún los que  canalizan las demandas ciudadanas o hacen eco a las voces de organizaciones del tercer sector, lo cual lejos de acercarlos, crea una distancia cada vez más grande entre actores políticos y ciudadanos. Esto sumado a la aún escasa cultura de rendición de cuentas y al desencanto general por los acontecimientos y discursos de la clase política.

Las críticas ciudadanas ante el creciente clima de inseguridad y violencia con consecuencias inconcebibles en algunos estados de la república, los desfalcos de famosos ex gobernantes que siguen impunes, las inconsistencias legislativas en rubros de derechos humanos,  transparencia, seguridad pública (entre muchas otras), se vuelcan infértiles en Twitter y en Facebook; faltas de eco, faltas de acción, pues la información –posteada- en los muros y timelines de políticos y altos funcionarios, se torna vertical descendente y sin posibilidad de retroalimentarse; resulta entonces más difícil lograr un acercamiento o incentivar  la credibilidad, el interés y la interacción en sus  mensajes, más aún en la vertiginosidad y la temporalidad casi nula en estas plataformas.

El problema radica quizás en que algunos políticos están usando las  redes sociales como plataformas informativas y no interactivas, saturándolas de mensajes adornados, cuidados,  excluyentes de cuestionamientos, críticas y reflexiones. El panorama en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012 no es distinto: La inclusión  de los candidatos y políticos en las redes sociales, no influenciará  la conducta de los usuarios y  tampoco sus opiniones generarán mayor interés por participar en la toma de decisiones mientras persistan los discursos maquillados y  la información conveniente aplaudida por falsos seguidores.

Notas:

–    Benassini, C. (20 de Julio de 2011). Los usuarios de twitter en el proceso electoral mexiquense. Recuperado el 20 de Julio de 2011, de http://www.razonypalabra.org.mx/: http://www.razonypalabra.org.mx/caja_pandora/twitter_proceso_electoral.html

–    Islas, O. (20 de Julio de 2011). Proyecto Internet, 40 millones de usuarios en México. Recuperado el 19 de Julio de 2011, de http://www.razonypalabra.org.mx: http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/ESPEJO_2011/usuarios_Mexico.html

–    Quijano, P. R. (23 de julio de 2011). “Acarreados Digitales”. Recuperado el 2011 de julio de 24, de http://www.eluniversal.com.mx: http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle14205.html

–    World_Internet_Project_México. (2011). Estudio 2011 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas.

*Zazil Chagoya es profesora  de las Universidades Mesoamericana, Anáhuac y Regional del Sureste; Comunicóloga  y miembro de  la AMEDI Capítulo Oaxaca.
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RADIODIFUSORES CONTRA EL DERECHO DE RÉPLICA

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Magdalena López Rocha*

En México es perceptible el ambiente electoral con miras a la elección federal de 2012. Los diversos actores políticos involucrados, directa e indirectamente, en las elecciones a realizarse el 1 de julio del siguiente año, han hecho su aparición en el escenario público. Están las instituciones responsables del proceso, los partidos políticos así como las y los políticos que levantan la mano para ocupar los cargos de elección (Congreso, Senado y Presidencia); además, en los preparativos hacia la “fiesta ciudadana” no podían faltar los medios de información los cuales han tenido una muy visible participación en su incansable búsqueda por recuperar sus privilegios.

En el último lustro, los empresarios de los medios de información se han valido de diversas estrategias y de todo su aparato mediático para descalificar las reformas electorales que desde 2007 les han venido arrebatando prebendas como el enriquecerse desmedidamente con dinero público.

Hace un par de semanas, los radiodifusores que integran la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, iniciaron una fuerte campaña de desinformación y desprestigio contra el Instituto Federal Electoral, IFE, porque su Consejo General aprobó (23 de junio) las modificaciones a su Reglamento de Quejas y Denuncias en el cual establece que podrá investigar a los medios que nieguen a partidos políticos, precandidatos y candidatos el derecho de réplica, es decir, que les imposibiliten para responder ante cualquier acusación falsa que afecte su imagen o nombre.

Ante ello, académicos, periodistas y organizaciones civiles se han dado a la tarea de difundir por distintos medios y espacios el contexto legal en el que se sostiene la decisión del IFE misma que la CIRT ha presentado ante la opinión pública como una invasión a tareas que competen al poder legislativo. A continuación se enlistan algunos de los argumentos que sostienen la decisión del IFE:

1)    En México el derecho de réplica tiene rango constitucional. En 2007, se reforma el primer párrafo del artículo 6to de la Constitución para agregar: “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.

2)    El Estado mexicano está obligado a respetarlo tras suscribir (1968) y posteriormente ratificar (1980) la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual plasma el derecho de rectificación o respuesta.

3)    En enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación se publica un artículo transitorio del COFIPE el cual indica que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica a más tardar el 30 de abril de 2008.

4)    En 2009, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que a falta de la reglamentación necesaria sobre el derecho de réplica el IFE debe ser garante del mismo.

5)    También, está indicado que el Consejo General tiene la atribución de aprobar y expedir reglamentos necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones.

La omisión de los legisladores ha generado suspicacias y hay quienes hablan de contubernios entre políticos y dueños de medios pues han pasado tres años y aún el país carece de una legislación específica que garantice el derecho de réplica. Ha habido propuestas pero han sido obstaculizadas por los mismos radiodifusores. Y hoy, se ha visto la posición abierta de consejeros priístas que han asumido el papel de emisarios de los intereses de los radiodifusores del país.

Estos últimos han apelado a su favor que dichos cambios pondrían en riesgo no sólo la libertad de expresión sino las elecciones mismas. Sus sentencias en ello se han limitado.  Para analistas políticos las medidas del IFE han incomodado a la CIRT debido a que: éstos se niegan a reconocer al IFE como administrador de los tiempos del Estado; intentan a toda costa evadir sus obligaciones fiscales, no quieren respetar la ley y buscan que las normas se sujeten a sus requerimientos; todo lo anterior, porque insisten en creer que el espacio radioeléctrico les pertenece.

Por otra parte, hay quienes como José Agustín Pineda Ventura se han dado a la tarea de proponer criterios para la regulación del derecho de réplica en el país. El joven abogado sugiere que la difusión de la rectificación debe ser gratuita, hacerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, efectuarse en el mismo medio, horario y espacio en el que se generó la información inexacta, la enmienda se limitará a la información que se desea rectificar; además, deberá hacerse sin comentarios ni postillas. También, propone que el derecho puedan ejercerlo familiares en primer grado en caso de que el agredido haya fallecido. Finalmente, indica la necesidad de establecer un ordenamiento que señale las sanciones a las cuales se harán acreedores aquellos medios que incurran en violación a la ley.

La respuesta que los medios han mostrado ante los citados hechos, evidencian únicamente los intereses que hasta ahora mueven a los radiodifusores: el rating, el dinero y sus alianzas con el poder político que les aseguran privilegios. Los dueños de los medios y algunos comunicadores que laboran para ellos se han asumido portadores de la verdad; por ello, les resulta incomprensible que haya quienes puedan corregirlos y peor aún se atrevan a exigirles su derecho de corrección. Hoy su lucha está centrada al retorno de un modelo de mercado aplicado a los procesos electorales en el cual todos pueden participar pero sólo algunos tendrán dinero para competir mediáticamente.

Por ello, resulta necesario que la ciudadanía demande a los radiodifusores información veraz y objetiva; que insista en la necesidad de fortalecer al órgano electoral a fin de evitar que se pongan en duda sus facultades. Ahora, es indispensable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide las reglas expedidas por el IFE para garantizar una contienda electoral equitativa y democrática.

*Presidenta del Capítulo Oaxaca de la AMEDI. Maestra en Ciencias Sociales. Coordinadora de la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación del IESO.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEBE RATIFICAR LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

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Desde hace dos semanas la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ha desatado una campaña en contra del Instituto Federal Electoral (IFE) por los cambios a los Reglamentos de Radio y Televisión en Materia Electoral y el de Quejas y Denuncias. Dicha campaña se ha caracterizado por falsos argumentos y acusaciones sin sustento. De manera llamativa el pasado 6 de julio los radiodifusores presentaron ante el IFE un millar de impugnaciones en contra de los cambios aprobados por el Consejo General del IFE.

El 27 de junio el Consejo General del IFE determinó reducir a tres días hábiles el plazo que tendrán las estaciones de radio y televisión para transmitir spots electorales siempre y cuando les sean enviados por vía electrónica. Cuando las grabaciones de los spots sean entregadas en su domicilio legal, concesionarios y permisionarios dispondrán de dos días hábiles. Este fue el motivo por el que el Consejero Francisco Guerrero renunció a la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión del IFE, que constituyó en su momento un acto de repliegue a los intereses de las grandes televisoras, lo cual resulta preocupante, pues pone en riesgo la credibilidad de la autoridad electoral.

En esa misma sesión el IFE también aprobó incluir las particularidades de las radios comunitarias, al definirlas en el artículo 5, como “Medios comunitarios o permisionarios privados operados por asociaciones civiles sin fines de lucro, que no cuentan con un techo presupuestal público y que se encuentran imposibilitados para obtener ingresos por transmisiones de anuncios comerciales”. Además se establece un trato específico en términos de la transmisión de los spots pautados por el instituto para que puedan cumplir con las obligaciones derivadas de la ley electoral en el contexto de desigualdad en el que se encuentran.

Ninguno de los cambios mencionados pone en riesgo la contienda electoral del 2012 como maliciosamente acusan los radiodifusores al IFE. La reducción de los plazos  para el pautado de los spots no asigna obligaciones desmedidas ni implica un esfuerzo extraordinario, pues tanto la radio como la televisión, especialmente las grandes cadenas, tienen la capacidad técnica para cumplir con esta obligación. Ni siquiera los medios permisionados que tienen serias carencias, han expresado esta imposibilidad técnica para cumplir con los plazos, mientras que las grandes empresas afirman que son condiciones que no pueden cumplir.

En las elecciones del 2006, esos empresarios transmitían los spots de los partidos, cuando así se los solicitaban, tan solo con unas cuantas horas de diferencia entre la entrega de los videos y su aparición en pantalla. Los mismos empresarios que hace un lustro no ponían reparo alguno para difundir rápidamente la propaganda de los partidos, hoy dicen que no tienen capacidad técnica para hacerlo.

De igual manera los radiodifusores pretenden impugnar el reconocimiento que se da a las emisoras comunitarias, negando irresponsablemente su legalidad, acusando al IFE de invadir las facultades del poder legislativo. Cabe señalar que las 15 estaciones definidas en el reglamento cuentan con un título de permiso otorgado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), por lo que es falso el argumento de la ilegalidad, como también es falso el argumento de la invasión de facultades, pues el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que los permisos podrán ser: oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole. Esa otra índole son precisamente las comunitarias. Esa es la vía por la que la autoridad competente las ha autorizado. Si no están reconocidas con todos sus derechos en la ley ha sido precisamente por la permanente oposición de la CIRT ante el Congreso que dócilmente se doblega ante este poder fáctico.

Esta reacción de los empresarios de la radiodifusión no tiene como centro las dificultades técnicas en la reducción de los plazos, como tampoco la existencia de las emisoras comunitarias o el derecho de réplica que calificaron como censura en semanas pasadas. Se trata de una oposición que tiene como fin descalificar a la autoridad electoral y revertir el modelo de comunicación política aprobado con la Reforma Electoral del 2007 y que les canceló un negocio que en las campañas de 2006 fue de 2 mil millones de pesos.

El linchamiento llevado a cabo por los radiodifusores constituye un desafío del poder mediático ante las instituciones del Estado, utilizando indebidamente las frecuencias que les fueron concesionadas por ese mismo Estado y que son un Dominio de la Nación. Las modificaciones aprobadas por el IFE no ponen en riesgo la contienda electoral del 2012. Todo lo contrario, son reglas necesarias para garantizar un proceso equitativo que definirá el destino del país. Son los radiodifusores los que deliberadamente están poniendo en riesgo la democracia electoral.

La AMEDI exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que resuelva conforme a derecho las impugnaciones a los reglamentos sin ceder a las presiones del poder mediático y a que valide las reglas expedidas por el IFE para garantizar una contienda electoral equitativa y democrática.

México, D. F. 12 de julio de 2011.

Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) A. C.

Lic. Aleida Calleja
Presidenta

Dr. Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo

Comité Directivo

Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Rafael Gustavo Hernández García Cano, presidente del Capítulo Puebla; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca; José Luis Muñoz Pérez, presidente del Capítulo Chihuahua; Miguel Pulido, Comité Jurídico; Laura Salas, Comité de Difusión; Beatriz Solis, Comité de Relaciones Internacionales; Aimée Vega Montiel, Directora.

Consejo Consultivo

Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas Gracia,  Javier Corral Jurado, Gustavo Esteva, Jorge Fernández Ruiz, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Jorge Fernando Negrete, Carlos Ortiz Tejeda, Carlos Padilla, Gustavo Reyes Terán, Cristina Romo, Elena Poniatowska, Luis Javier Solana, Patricia Ortega, Inna Payán, Agustín Ramírez, Raúl Trejo Delarbre, Ernesto Velázquez Briseño, José Woldenberg.

Libertad de expresión

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Teresa Monserrat Castillo Ruíz*

prensa

Conscientes de que la información generada por la prensa, es parte fundamental para la creación de una ciudadanía crítica, el capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, ubica su postura en la defensa del trabajo periodístico, en virtud de ser los periodistas, los porta voces de la realidad política, económica y cultural de nuestro Estado, cuya repercusión es necesaria para la toma seria de decisiones ciudadanas.

La libertad de expresión como lo dicta nuestra Carta Magna y los diferentes tratados internacionales, no es tema único de los periodistas. En su dimensión individual, es un derecho que le pertenece a todo individuo que utilice cualquier medio para difundir un pensamiento o idea. En la dimensión colectiva de la libertad de expresión, los periodistas son los responsables en formar y dirigir opiniones al mayor número posible de personas, por ello es inminente que la sociedad reclame mayor compromiso de su trabajo y de las garantías necesarias para que los trabajadores de la información muestren los acontecimientos con pluralidad y calidad.

En torno a la dimensión colectiva de la libertad de expresión, es necesario realizar algunas reflexiones, acerca de las condiciones de la prensa en el estado de Oaxaca:

  1. En los últimos años, el trabajo periodístico se ha caracterizado por estar inmerso en prácticas discrecionales con la élite política.
  2. Los dueños de los medios evidencian en sus líneas, las relaciones de poder que han fortalecido para el mantenimiento de su empresa en el Estado. Estas decisiones, implican la limitación ó supresión de acciones por parte de los comunicadores, quienes en la mayoría de los casos por no perder recursos, reconocimiento o incluso el empleo, terminan cediendo y acatando órdenes directas en cuanto al contenido de sus redacciones; órdenes que son producto, las más de las veces, de marcados intereses políticos ó personales por parte de quienes dirigen y controlan al medio; coartando así el derecho que las audiencias tienen a saber la verdad.
  3. Es preocupante que la información sea ofrecida como producto de consumo, sin la responsabilidad de pensar en las repercusiones que tendrá ésta en la construcción de una identidad y ciudadanía.
  4. Los dueños de los medios se han deslindado de sus compromisos sociales y laborales, son pocos los medios que dotan de seguridad social a sus empleados y los sueldos que perciben los periodistas, están por debajo de las exigencias de su labor; esto ha provocado la existencia del comercio de la información en todas las escalas del proceso de producción periodística.
  5. Por otra parte, el divisionismo del gremio ha impedido el ejercicio de las propuestas en materia de la protección de su labor.
  6. Los casos de violencia, intimidación y persecución a periodistas, van en aumento y en gran medida se debe al poco interés del Estado por regular el tema y los vacíos legislativos en esa materia.

Ante este escenario, nos corresponde a los ciudadanos la misión de exigir la dignificación del trabajo periodístico. En primer lugar, exigir a las empresas mediáticas, el compromiso con sus colaboradores para el otorgamiento de servicios de seguridad social y mejorar la calidad de los salarios, con el objetivo de que la información no siga líneas basadas en la corrupción o el favoritismo hacía ciertos actores políticos.

Por otra parte, es importante exigir al Gobierno del Estado que evite el discrecionalismo de sus convenios de publicidad con la prensa, mismos que se comprometió a transparentar, clarificando también, los mecanismos del otorgamiento de estos, sin resultados hasta el momento.

En el marco de la celebración de la libertad de expresión, varios grupos de periodistas existentes en el estado, marcharon juntos en protesta de las diferentes acciones violentas de las que han sido objeto. Debido a esta y varias acciones, la fracción del PRD prepara una iniciativa de ley para la protección de los periodistas en Oaxaca.

Resulta preocupante que la iniciativa que se genere desde el núcleo de los periodistas, esté encaminada a la creación de mecanismos legales para que las prácticas que se desarrollan en la prensa, sean institucionalizadas. Existen casos en diferentes estados del país, en donde los periodistas han ganado la batalla en este sentido. En Baja California ya se ha considerado la creación de un fideicomiso y un fondo para la protección de periodistas. En Hidalgo se propone la creación de un instituto, el cual dependa económicamente del Gobierno del Estado. Estas propuestas protegen la seguridad social del gremio, pero olvidan la responsabilidad que tienen los periodistas con la ciudadanía.

En este rubro, el verdadero desafío consiste en concientizar a fondo a dueños y comunicadores sobre la importancia de prevalecer en los ejercicios libres de intereses políticos y de marcadas líneas de poder, a través de líneas de acción que procuren la retroalimentación y la inclusión de la opinión y vigilancia ciudadana en los medios, ejercicio que demandará a los mismos a no sólo proveer de la información suficiente, sino también consciente, veraz y de alta calidad informativa. Combatir las situaciones salariales precarias de los comunicadores al servicio de los medios, dignificando sus funciones, motivando su quehacer a través de salarios competentes y prestaciones justas, capacitación constante y reconocimiento de su obra, exigiéndoles a cambio una mejora continua y visible de su labor.

En el ámbito legal, es necesario despenalizar los delitos de prensa, lo cual asegurará la protección de los periodistas y de las fuentes de información, que constituyen la protección del derecho de los ciudadanos para recibir información libre y veraz. Por otra parte, es importante que las sanciones referentes a la protección a la reputación, sean garantizadas en el marco del derecho civil y no el judicial.

Un pueblo libre requiere una prensa libre y lo que suceda en el interior del gremio, es en gran medida responsabilidad de los ciudadanos, por ello es importante ubicar estas reflexiones y encaminarnos a exigir que se cumplan los compromisos del Gobierno del Estado, de los periodistas, los empresarios de los medios y de la ciudadanía.

*Coordinadora del Comité de Vinculación Social y Enlace Institucional de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Oaxaca. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Comunicación Política y Organizacional por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Catedrática en la Universidad Vasconcelos, asesora de páginas web, consultora independiente en campañas políticas.