POR QUÉ LEGISLAR LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN OAXACA

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Por Jorge Armando Oropez Pérez

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En Oaxaca, según datos del Presupuesto Ciudadano 2012, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno gastó en ese año 270 millones 481 mil 214 pesos con 20 centavos. En 2011, según datos emitidos por la propia dependencia ante el entonces Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, se erogaron 164 millones 462 mil 900 pesos con 58 centavos. Es decir, en los últimos dos años se emplearon más de 400 millones de pesos en estrategias de propaganda oficial.

En distintas oportunidades, el Poder Ejecutivo estatal ha informado de estas cifras. Sin embargo, no ha explicado transparentemente los criterios empleados para conceder recursos a los distintos medios de comunicación.

Estas omisiones se deben principalmente a que no hay parámetros ni mecanismos claros y legalmente establecidos para ordenar estas asignaciones. Por ello se vuelven discrecionales y ajenas a un principio de equidad para los participantes. Lo anterior permite favorecer espacios de amigos o políticamente adecuados sin medir la efectividad de los impactos y su alcance en la población, que es lo que importaría en una entidad democrática que busca informar a sus gobernados.

Ante este escenario, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Oaxaca considera que la integración de una ley para regular la propaganda gubernamental no sólo es indispensable, sino urgente. Y ésta debería ser prioridad para la LXII legislatura local. Además, es una obligación moral incluir las miradas de los actores involucrados: medios, gobierno y ciudadanía, principalmente.

Sin todas las reflexiones escrudiñadas no se podría consensuar legislativamente lo que mejoraría, en una suerte de círculo virtuoso, la competitividad, la eficacia en la comunicación social, la optimización de recursos públicos, la desaparición de medios ocasionales y oportunistas, y el fortalecimiento de los medios establecidos formalmente.

Sin embargo, para que se dé este supuesto se tendrían que actualizar o crear a la par las legislaciones que empadronen medios y den protección a periodistas, la ley que regule las adquisiciones, entre otras normas.

Una ley de propaganda gubernamental, o de publicidad oficial como sea el caso que se le nombre, debería alcanzar en su conformación a los tres poderes del Estado y a otras instancias que cuenten con recursos públicos destinados a estrategias de comunicación social. A todos ellos los dotaría de obligaciones claras para el diseño de estrategias de difusión. Y estas obligaciones se volverían herramientas eficaces para que su mensaje llegara a la sociedad a través del medio más pertinente. La norma, haría que la improvisación devenga en planeación.

En el caso del Poder Ejecutivo, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca tiene que ser la principal instancia obligada a garantizar la difusión de mensajes oficiales eficaces velando en todo momento por la defensa del derecho a la información consagrado en el artículo sexto constitucional.

En una democracia, el uso de los medios de comunicación para emitir mensajes de gobierno no puede obviarse ni regatearse. Es parte de la obligación de las autoridades para mantener informados a sus gobernados sobre su quehacer con recursos públicos.

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Acceso a la información, fundamental para evaluar la designación de consejeros en transparencia y protección de datos personales: Amedi-Oaxaca

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customLogoLa LXI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca designó, el miércoles 28 de noviembre, a los integrantes del Consejo General y Consejo Consultivo de la Comisión  de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Dicha decisión -como hemos expresado en su oportunidad- resulta altamente relevante para vida pública de nuestro Estado, no sólo por la importancia de los derechos fundamentales que busca garantizar, sino también por el ejercicio inédito de designar a las nuevas consejeras y consejeros mediante convocatoria pública y abierta.

Como sabemos, este procedimiento estuvo encabezado por la Comisión Permanente Instructora del Poder Legislativo, misma que recibió la documentación de las y los aspirantes, revisó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, practicó las entrevistas correspondientes, además integró las ternas y el dictamen respectivo para su votación en el pleno.

En ese sentido, habiéndose designado a las consejeras y consejeros del nuevo órgano garante, corresponde ahora a la ciudadanía evaluar en su integridad dicha decisión, es decir, estar en posibilidad de conocer cómo el Poder Legislativo observó los criterios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como los principios de pluralidad, paridad de género, apartidismo y no discriminación, que exige la Constitución oaxaqueña para realizar los nombramientos.

Por tanto, para garantizar este derecho ciudadano a saber, resulta ineludible que el Congreso del Estado asuma el compromiso de permitir el acceso a la totalidad de la documentación que sirvió de soporte a la Comisión Permanente Instructora en la integración de las ternas que finalmente votó el pleno del Poder Legislativo.

En ese sentido, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Oaxaca, exhorta al Congreso del Estado para que en los próximos días publique y documente  el trabajo de la Comisión Permanente Instructora, como insumo indispensable para que la ciudadanía y la opinión pública formule una evaluación informada y responsable de la designación de consejeras y consejeros del órgano garante. Además – en un sano ejercicio crítico- formule propuestas y reformas que busquen fortalecer y perfeccionar la integración democrática y autónoma del mismo.

Finalmente, también consideramos que el acceso a la información pública en esta decisión tan importante del Poder Legislativo,  contribuiría a robustecer la legitimidad de origen del órgano constitucional autónomo, particularmente, a despejar toda duda o sospecha en una institución que necesita una alta dosis de autoridad y credibilidad pública.

Confiamos en que la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, sabrá estar a la altura de este derecho de la ciudadanía a saber y propiciar con ello su participación – mediante el escrutinio y evaluación- en el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Oaxaca.

 

Atentamente

 Consejo Directivo del Capítulo Oaxaca de la Amedi

Magdalena López Rocha, Presidencia.

Amira Cruz Ramírez, Secretaría Técnica.

Juan Gómez Pérez, Comité Jurídico.

Enrique Tinoco Valle, Comité Editorial.

Teresa Castillo Ruiz, Comité de Vinculación Social y Enlace Institucional.

Martha Carreño Martínez, Comité Académico y de Investigación.

Carta aclaratoria

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23 de agosto de 2012

 C. Guadalupe Thomas

Directora en Oaxaca

Agencia Mexicana de Información y Análisis Quadratín

En la columna “Barricada” correspondiente al 23 de agosto de 2012, y que se publica en la plana principal del prestigiado medio informativo que usted dirige,  se hizo referencia a que el C. Víctor Raúl Martínez, es “activista de Amedi”. En ese sentido, queremos informarle que dicho dato es inexacto, puesto que la persona referida no pertenece, ni ha pertenecido a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Por tanto, respetuosamente le pedimos se publique la presente carta aclaratoria en Quadratín Oaxaca, con el propósito que los lectores conozcan el dato exacto y de antemano le agradecemos su compromiso con la verdad periodística.

 Atentamente

 Consejo Directivo del Capítulo Oaxaca de la Amedi

 Magdalena López Rocha, Presidencia.

Amira Cruz Ramírez, Secretaría Técnica.

Juan Gómez Pérez, Comité Jurídico.

Enrique Tinoco Valle, Comité Editorial.

Victoria Hernández Luis, Comité de Difusión.

Teresa Castillo Ruiz, Comité de Vinculación Social y Enlace Institucional.

Martha Carreño Martínez, Comité Académico y de Investigación.

Se admite amparo contra la concentración Iusacell-Televisa

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El Poder Judicial acepta el interés legítimo de la AMEDI en contra de la resolución de la Cofeco
· El amparo fue admitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal

Con la intención de proteger la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) con el apoyo de la organización Litiga Ole, experta en materia de litigio estratégico, interpuso un amparo y solicitó la suspensión del acto de autoridad consistente en la aprobación condicionada de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) de la alianza Televisa y TV Azteca a través de Iusacell.

La protección de la justicia que se demanda es en contra de la autoridad que consintió una concentración de medios inédita en las democracias modernas. La Amedi reconoce el destacado papel que en estos temas ha asumido el Poder Judicial, como un contrapeso a las decisiones erróneas y autoritarias del Poder Ejecutivo; la pasividad, omisión y complicidad para con las televisoras del Poder Legislativo, y los intentos recurrentes de abusos por parte de los poderes fácticos de la comunicación.

El amparo promovido fue admitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal en contra de la resolución de la Cofeco, por lo también se solicitó la suspensión de oficio de ese mismo acto por afectar de manera irreparable el derecho a la información al permitir una concentración sin precedentes.

La Amedi sostiene, y por eso reclama la protección de la justicia, que con su resolución los comisionados de la Cofeco violaron la Constitución, la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento, así como mecanismos de derecho internacional que al ser firmados por el Estado forman parte del régimen jurídico mexicano, y está obligado a su cumplimiento. Con esta decisión la Cofeco configuró un monopolio convergente con la única intención de enfrentar al monopolio de las telecomunicaciones de este país, pero con ello no protegió el interés público ni el bienestar de los consumidores, sólo el provecho privado de esas empresas.

La Cofeco pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico. Es cierto que de un mecanismo de competencia como la resolución de la Cofeco no se pueden extraer soluciones para todo el sector de la radiodifusión, pero de ninguna manera debe empeorar su concentración.

Las condiciones que impuso la Cofeco no corrigen los efectos de la concentración Televisa-Iusacell. Por ejemplo, no tiene atribuciones para acelerar el proceso de licitación de frecuencias de televisión abierta y, por lo tanto, no podría activar un mecanismo de disolución de la alianza si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente dicha licitación, tal y como establece la primera condición de la resolución. Asimismo, el Pleno de la Cofeco no se ha pronunciado sobre si la designación de Emilio Azcárraga Jean como copresidente de Grupo Iusacell viola la cuarta condición de la Cofeco en materia de administración separada: “el Consejo de administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida”.

La inacción de la Cofeco con esta provocación, coincide con los términos del amparo interpuesto en el sentido de que la concentración aprobada y sus condiciones no son las idóneas para equilibrar la competencia y no se fomentó una pluralidad de fuentes informativas para el libre ejercicio del derecho a la información. Incluso al momento de revisar el recurso de reconsideración de las empresas y aprobar la concentración condicionada el 6 de junio de 2012, no habían cambiado las condiciones que motivaron su rechazo en la resolución de enero del mismo año. Por lo tanto, la Cofeco reconoce que los riesgos de la concentración no habían sido corregidos y sólo confía en la buena conducta de las empresas, abdicando de su obligación de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

La Amedi presentó un amparo de vanguardia, único en su tipo y el primero en sus términos para la defensa de un derecho humano fundamental como lo es derecho a la información. La transgresión de esta garantía tiene implicaciones en los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos de los individuos, afectando su bienestar y poniendo en duda la democracia como forma de gobierno y de vida de los ciudadanos.

Con el amparo admitido por el Poder Judicial de la Federación, la Amedi se apega a la legalidad y al marco jurídico vigente, como no pudo o no quiso hacerlo el organismo antimonopolios el cual, en los próximos días, deberá rendir ante el Juzgado un informe justificado que explique las causas que motivaron su decisión de aprobar la concentración condicionada de Televisa-Iusacell.

Si la Cofeco hubiera hecho una investigación acuciosa de las pretensiones de las empresas, hubiera constatado que no sólo no existe antecedente en el mundo, sino que más bien la concentración y la propiedad cruzada de medios se encuentra reguladas y existen límites precisos a la tenencia de espectro, la posesión de cadenas de televisión, medios adicionales en una misma plaza y porcentajes de audiencias. Con su decisión, la Cofeco ignoró todo este cúmulo de información internacional y, por lo tanto, debiera plantearse la situación en términos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que autorizaron la concentración Televisa-Iusacell.

La admisión de la demanda de amparo obliga al juzgador a analizar el fondo del asunto: la acentuada concentración de medios en México y su afectación a derechos fundamentales de la soceidad. Por eso hacemos un llamado para que la próxima legislatura, en función, además, de las distorsiones informativas que se suscitaron en el proceso electoral de 2012, se comprometa con la democratización de los medios de comunicación y apruebe una reforma integral al régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Una vez más, la realidad comprueba su necesidad y urgencia.

México, D. F., 1 de agosto de 2012
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓNALEIDA CALLEJA
Presidenta del Comité Directivo

ALBERTO AZIZ NASSIF
Coordinador del Consejo Consultivo

Por un debate que refleje y no anule el disenso: Amedi Oaxaca

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A la opinión pública

Con fecha 31 de marzo del presente año, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Oaxaca, se dio a la tarea de realizar el Observatorio Electoral de Medios. Éste ha tenido como propósito dirigir la mirada de la ciudadanía a la labor informativa de los medios de comunicación de Oaxaca en la cobertura de campañas para quienes aspiraban a integrar el Congreso de la Unión en el Proceso Electoral 2012.

El resultado de este ejercicio ciudadano, ha sido un documento original e innovador –disponible para su consulta en: https://sites.google.com/site/observatorioelectoraldemedios/home –  que para nuestra sorpresa y satisfacción ha suscitado un creciente interés en numerosos actores locales, nacionales e internacionales.

Por ello, quienes integramos el Capítulo Amedi-Oaxaca, hemos tomado la determinación de enriquecer el proyecto con un ANEXO que dé testimonio de la diversidad de  opiniones, críticas y reacciones que ha despertado este primer ejercicio de participación ciudadana en la observación  de los medios de comunicación en Oaxaca, como fuentes de información para el ejercicio libre del voto.

En otras palabras, nuestra decisión tiene como causa el respeto irrestricto a la asociación libre y al ejercicio de la crítica expresada, fundamentalmente, en un debate público permanente y vigoroso. Por ello, como organización ciudadana asumimos como función primordial reflejar y no anular el disenso, puesto que la fortaleza de toda democracia es, precisamente, la construcción de una opinión pública que recoja las contradicciones de una sociedad activa, múltiple, plural y demandante.

En este contexto, también resulta oportuno manifestar  que en congruencia con los principios que defendemos: nos reservamos el derecho de dar respuesta a opiniones o señalamientos ofensivos – como el que se publicó a finales de junio en distintos medios locales- que tienen como propósito la descalificación personal y la intimidación, puesto que nuestro compromiso es refrendar nuestra confianza en un debate propositivo y constructivo, que tenga por referentes la civilidad y la argumentación razonada.

Por tanto, convocamos a la ciudadanía, estudiantes, académicos, servidores públicos, comunicadores, periodistas y  personas interesadas en el tema a que nos envíen sus opiniones, testimonios y críticas  a  editorial@amedioaxaca.org.mx  con el propósito de enriquecer y perfeccionar la iniciativa de la observación ciudadana, que no ha tenido más objetivo que el impulsar el ejercicio pleno del derecho a la información.

Nunca olvidemos que la democracia es concordia, respeto y confianza en la palabra, las tareas de Amedi se inscriben en este escenario.

Mtra. Magdalena López Rocha,

Presidenta Capítulo-Oaxaca Amedi

Consejo Directivo. Lic. Juan Gómez Pérez, Comité Jurídico; Lic. Amira Azucena Cruz Ramírez, Secretaria Técnica; Lic. Jacqueline Susana Flores Gutiérrez, Coordinadora de Finanzas; Lic. Martha Yesenia Carreño Martínez, Comité de investigación y Académico; Lic. Teresa Monserrat Castillo Ruiz, Comité de Vinculación; Lic. Enrique Tinoco Valle, Comité Editorial; Lic. Mayra Victoria Hernández Luis, Comité de Difusión.

Foro: Actores y elecciones 2012

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Lugar: Café “El Lobo Azul”

Fecha: 15 de junio

Justificación del foro

Compartir reflexiones acerca del contexto nacional y local en el cual se llevarán a cabo las elecciones federales del 2012.

Objetivo del foro

Socializar información del contexto nacional y local: actores, movimientos sociales, instituciones y poderes fácticos actuales, para contextualizar el entorno en el que se dan las elecciones 2012 y reflexionar sobre las posibilidades y retos de la participación ciudadana y el voto.

 Duración

Dos horas  y veinte minutos  (17:00 a 20:00)

Programa

 

Hora

Tema/Actividad

Responsable

17:00 a 17:15

Registro participantes. Tequio Jurídico A.C.

17:15 a 17:30

BienvenidaIntroducción al foro

Dinámica de moderación

Tequio Jurídico A.C.

17:30 a 17:50

La emergencia ciudadana y los partidos políticos. Juan Antonio Vega BaezBabel Sur A.C.

17:50 a 18:10

¿Democracia o Telecracia? El debate por el derecho a la información y la transparencia. Juan Gómez PérezAMEDI

18:10 a 18:35

Preguntas del público. Tequio Jurídico A.C.

18:35 a 18:55

Agenda y Movilización ciudadana en Oaxaca. Pedro Matías

18:55 a 19:15

El derecho a la información en Oaxaca. Magdalena López RochaAMEDI-OAXACA

19:15 a 19:40

Preguntas del Público. Tequio Jurídico A.C.

19:40 a 20:00

ConclusionesParticipación Ciudadana: reflexiones, desafíos y retos en la coyuntura electoral. Miguel Ángel Vásquez de la Rosa.