Política

OBSERVATORIO ELECTORAL DE MEDIOS DE OAXACA. REPORTE FINAL

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Elecciones_federales_en_México_de_2012_04El Observatorio Electoral de Medios (OEM) ha tenido como objetivo analizar la cobertura informativa de los medios tradicionales y digitales en el estado de Oaxaca con respecto a las campañas electorales de las candidaturas a la Cámara de Diputados federal, desarrolladas del 5 de abril al 4 de junio de 2015. El OEM 2015 centró su trabajo particularmente en la identificación de las estrategias de cobertura, los temas y los actores destacados por los medios de información seleccionados, así como en su apertura y posición ante quienes contienden.

En México, el 7 de junio de 2015, se eligieron 500 diputados y diputadas al Congreso de la Unión: 300 por mayoría simple (suma de todos los distritos electorales en que se divide el país); mientras que las y los 200 restantes, por el principio de representación proporcional.

La selección de los espacios y medios específicos que serían monitoreados se determinó a partir de la antigüedad, cobertura e influencia de éstos en el estado; mientras que los ciberperiódicos, a partir de su relevancia, autoridad como sitios web y del rango de tráfico de personas usuarias. En el caso de los ciberperiódicos, los indicadores utilizados fueron: 1) el Dominio de Autoridad o Domain Authority (DA), que permite conocer el prestigio y dominio de un sitio web; y 2) el rango de tráfico de Alexa, que mide la popularidad global del sitio.

De esta manera, los espacios y medios de información observados fueron los siguientes:

  • En radio, se dio seguimiento a tres emisiones noticiosas de las estaciones de radio: La Mejor, de la Organización Radiofónica de Oaxaca (Grupo ORO); la Ke Buena, de la Corporación Oaxaqueña de Radio (Grupo CORO); Global, de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). Este último, el medio público estatal.
  • En televisión, se monitorearon las emisiones informativas consideradas más importantes en la CORTV (medio público); y la filial de Televisión Azteca en Oaxaca (medio comercial).
  • En prensa, se observaron tres diarios: El Imparcial, Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, y Tiempo. Los tres medios dan cobertura a las ciudades más importantes de la entidad.
  • En los ciberperiódicos, se analizaron: ADN Sureste, NSS Oaxaca, yQuadratín Oaxaca.

DibujoEste documento reporta los resultados globales del OEM 2015. Cuyo monitoreo está conformado por aproximadamente 30 variables, de las cuales el presente documento expone las más importantes: total de materiales periodísticos difundidos por espacios y medios, cobertura por partidos y candidaturas, cobertura por candidatas y candidatos, lenguaje empleado, valoración de los materiales informativos, recursos de apoyo utilizados, jerarquización de la información.

Puedes consulta el informe completo aquí

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Acceso a la información, fundamental para evaluar la designación de consejeros en transparencia y protección de datos personales: Amedi-Oaxaca

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customLogoLa LXI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca designó, el miércoles 28 de noviembre, a los integrantes del Consejo General y Consejo Consultivo de la Comisión  de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Dicha decisión -como hemos expresado en su oportunidad- resulta altamente relevante para vida pública de nuestro Estado, no sólo por la importancia de los derechos fundamentales que busca garantizar, sino también por el ejercicio inédito de designar a las nuevas consejeras y consejeros mediante convocatoria pública y abierta.

Como sabemos, este procedimiento estuvo encabezado por la Comisión Permanente Instructora del Poder Legislativo, misma que recibió la documentación de las y los aspirantes, revisó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, practicó las entrevistas correspondientes, además integró las ternas y el dictamen respectivo para su votación en el pleno.

En ese sentido, habiéndose designado a las consejeras y consejeros del nuevo órgano garante, corresponde ahora a la ciudadanía evaluar en su integridad dicha decisión, es decir, estar en posibilidad de conocer cómo el Poder Legislativo observó los criterios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como los principios de pluralidad, paridad de género, apartidismo y no discriminación, que exige la Constitución oaxaqueña para realizar los nombramientos.

Por tanto, para garantizar este derecho ciudadano a saber, resulta ineludible que el Congreso del Estado asuma el compromiso de permitir el acceso a la totalidad de la documentación que sirvió de soporte a la Comisión Permanente Instructora en la integración de las ternas que finalmente votó el pleno del Poder Legislativo.

En ese sentido, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Oaxaca, exhorta al Congreso del Estado para que en los próximos días publique y documente  el trabajo de la Comisión Permanente Instructora, como insumo indispensable para que la ciudadanía y la opinión pública formule una evaluación informada y responsable de la designación de consejeras y consejeros del órgano garante. Además – en un sano ejercicio crítico- formule propuestas y reformas que busquen fortalecer y perfeccionar la integración democrática y autónoma del mismo.

Finalmente, también consideramos que el acceso a la información pública en esta decisión tan importante del Poder Legislativo,  contribuiría a robustecer la legitimidad de origen del órgano constitucional autónomo, particularmente, a despejar toda duda o sospecha en una institución que necesita una alta dosis de autoridad y credibilidad pública.

Confiamos en que la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, sabrá estar a la altura de este derecho de la ciudadanía a saber y propiciar con ello su participación – mediante el escrutinio y evaluación- en el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Oaxaca.

 

Atentamente

 Consejo Directivo del Capítulo Oaxaca de la Amedi

Magdalena López Rocha, Presidencia.

Amira Cruz Ramírez, Secretaría Técnica.

Juan Gómez Pérez, Comité Jurídico.

Enrique Tinoco Valle, Comité Editorial.

Teresa Castillo Ruiz, Comité de Vinculación Social y Enlace Institucional.

Martha Carreño Martínez, Comité Académico y de Investigación.

Primer Reporte Mensual del Observatorio Electoral de Medios

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¿Quieres saber cuál ha sido el tratamiento informativo que los espacios noticiosos de radio, televisión, prensa y ciberperiódicos en Oaxaca, han dado a las campañas electorales de las y los candidatos al Congreso de la Unión?

Te invitamos a consultar el primer reporte mensual del Observatorio Electoral de Medios de la Amedi Oaxaca.

Edita Quadratín “La transición, los medios y el dinero público”

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Oaxaca, Oax. 24 de enero de 2012 (Quadratín).- Quadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, editó “La transición, los medios y el dinero público”, memoria del foro “Publicidad oficial, transparencia y equidad”, con prólogo de Luis Carlos Ugalde.
La memoria incluye de manera íntegra la participación de todos y cada uno de los panelistas, compilación que busca ubicar al lector en el tema de la publicidad oficial.
Contiene también las ponencias magistrales del doctor Ernesto Villanueva, coordinador del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Jenaro Villamil, periodista con una larga trayectoria que ahora escribe para la revista Proceso.
El prólogo es del doctor Luis Carlos Ugalde, prestigiado académico quien fue presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
La memoria contiene las participaciones de María de los Ángeles Abad Santibáñez, vocera del Poder Ejecutivo; Anselmo Ortiz García, tesorero del Congreso del Estado; el maestro Isidoro Yescas, columnista del periódico Noticias; de Juan Pérez Audelo, director adjunto de El Imparcial y Adrián Ortiz Romero, columnista del periódico Tiempo.
Además, del doctor Raúl Ávila Ortiz, comisionado del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP); del doctor Michael Meneses, radiodifusor de Putla de Guerrero; Melquiades Rosas Blanco, representante de Radio Nhandia, en Mazatlán Villa de Flores; Humberto Cruz Matías, conductor de Fórmula Oaxaca; Magdalena López Rocha, presidenta de AMEDI-Oaxaca.
Al igual que las opiniones de Mercedes Adriana Vásquez Ramírez, presidenta del Colegio Oaxaqueño de Comunicación (COC); Héctor Torres Maubert, director del portal NSS Oaxaca; Carlos Velasco Molina, director de El Correro de Oaxaca; Cuauhtémoc Blas, de la Revista En Marcha y del doctor Heriberto Antonio García, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El cuidado de la edición estuvo a cargo de Javier Parra Chapa; el diseño de portada y formación, a cargo de Cristian Martínez Lezama y el responsable de la edición fue Quimera Editores, S.A. de C.V. con recursos de Quadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis.

Escríbeles a los comisionados de la Cofeco y defiende la libertad de expresión, la competencia, la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación

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La ley prohíbe los monopolios

¿Sabías que en México el artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios? Un monopolio consiste en una situación de privilegio en la cual un productor posee un gran poder de mercado e impone sus condiciones (como tarifas o prácticas) a los consumidores y a quienes quieren competir en ese mismo mercado.

En México existe una ley que reglamenta el artículo 28 de la Carta Magna y se denomina Ley Federal de Competencia Económica, la cual prohíbe y sanciona las prácticas monopólicas que realizan las empresas.

Asimismo, en el país contamos con una autoridad encargada de regular las empresas y hacer valer la ley; se llama Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y está integrada por su presidente y cuatro comisionados, quienes debieran ser vigilantes eficaces contra las prácticas anticompetitivas. En ocasiones esta institución no ha tenido el desempeño ejemplar que esperaríamos y no ha sabido combatir los monopolios, ya sea no acotándolos o propiciándolos.

La autoridad podría autorizar la fusión Televisa-Iusacell

¿Sabías que la Cofeco podría autorizar la alianza entre Televisa, el principal productor de contenidos audiovisuales, y Iusacell, la empresa de telefonía celular de Grupo Salinas, el cual también es concesionario de TV Azteca, la segunda empresa de televisión abierta en nuestro país?

Esta fusión que podría autorizar la Cofeco es perniciosa porque atentaría contra la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad; también es contraria al artículo 28 de la Constitución y a la Ley Federal de Competencia Económica porque fomentaría prácticas anticompetitivas. De autorizar la alianza entre Televisa y Iusacell, la autoridad permitiría que las dos principales empresas que producen y distribuyen programas de televisión abierta compartan los mismos intereses, en lugar de que compitan entre sí como ocurre en los demás países.

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Consulta pública de la Cofetel debiera ser vinculante y atender recomendaciones

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El pasado 15 de noviembre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) convocó a una consulta pública sobre la licitación de nuevos  canales de televisión abierta. El mecanismo, el cual manifiesta tímidos signos de apertura y flexibilidad, se convierte en este caso en una falacia porque el organismo regulador de la radiodifusión, presidido por Mony de Swaan, tuvo el cuidado de precisar que los resultados de la tan anunciada consulta no tendrán carácter vinculante para la Cofetel, por lo cual las mil 130 solicitudes de personas interesadas en la misma no deberán esperar que sus opiniones y puntos de vista sean tomados en cuenta en última instancia por la institución convocante.

Desde su creación en 1996, pero particularmente en los años recientes, la Cofetel ha sufrido un proceso creciente y sostenido de descrédito público, no sólo por su real incapacidad para regular el sector sino por el cuestionamiento a no pocas decisiones y omisiones, además de que algunos de sus comisionados han sido nombrados sin cumplir con las credenciales suficientes.

La convocatoria a la consulta se inserta en un proceso de legitimación apremiante ante la opinión pública, no porque la institución tenga una auténtica vocación democrática sino porque eligió un tema –licitar nuevas cadenas de televisión abierta– cuya demora de años ya no encuentra justificación técnica, política y económica alguna.

Salvo el duopolio conformado por Televisa y TV Azteca, prácticamente existe un consenso respecto de la necesidad de abrir el mercado de la televisión comercial abierta en México, el cual exhibe altísimos niveles de concentración e impunidad en el acatamiento de la legislación en la materia, sin que hasta la fecha la autoridad se haya preocupado por acotar o remediar.

Esa concentración y falta de competencia fomentada desde lo más  alto del poder político ha traído como consecuencia un enorme deterioro en la calidad de los contenidos audiovisuales, además de una influencia indebida porque el duopolio televisivo ha actuado en concierto para socavar no sólo las bases de legitimidad de algunas instituciones como el IFE, sino de la democracia misma, como ha documentado la Amedi en diversas ocasiones.

Queriendo parecer transparente, la Cofetel acompañó la convocatoria con un “Documento de referencia” y un cuestionario para ser resuelto por los interesados en el tema, pero sin un compromiso real y comprobable por tomar en cuenta las opiniones y advertencias durante el proceso de consulta. Más opaca que otra cosa, la Cofetel no dio a conocer los estudios originales que contrató sobre disponibilidad de espectro ni sobre la situación del mercado de la televisión abierta en México.

No sólo es cuestionable esta simulación, sino que además es fruto de la improvisación que ha caracterizado a la Cofetel en los últimos años, pues la consulta pública ocurre sin estar enmarcada en una política pública integral. Por ejemplo, el “Documento de referencia” menciona el caso de Argentina; sin embargo, en ese país se generó una reforma legislativa que, entre otras cosas, limitó la concentración de la propiedad mediática, distribuyó la tenencia del espectro radioeléctrico y autorizó la participación de los sectores sociales en el otorgamiento de licencias. Además, en Argentina las consultas públicas para reformar la ley sí fueron vinculantes y el proceso de transición a la televisión digital terrestre ya se halla muy adelantado, incluso con un esquema de subsidios de decodificadores similar al que se busca implementar en México.

Por lo tanto, la política de televisión digital terrestre y la licitación de más canales de televisión tendrían que venir acompañadas de una reforma integral al marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en un ambiente convergente, así como de una reingeniería del órgano regulador, tal y como está ocurriendo en diversos países del mundo.

Es de llamar la atención que la propia Cofetel no haya considerado la opción de una cadena nacional de televisión pública y que a este sector de la radiodifusión sólo le dedicara tres párrafos en el “Documento de referencia”. Fortalecer un modelo de televisión pública constituiría un auténtico contrapeso a la actual oferta de comunicación y contenidos regidos bajo criterios comerciales y no de fomento a la cultura, la diversidad y la pluralidad. La Amedi se pronuncia a favor de una cadena nacional de televisión pública bajo principios de independencia editorial, autonomía de gestión, titularidad de las licencias, financiamiento público y sustentabilidad, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas e interlocución con las audiencias.

El “Documento de referencia” resulta engañoso en más de un sentido. Se ufana de la experiencia internacional y pone como ejemplo la proliferación de nuevos canales y actores en España, Francia y Reino Unido, para vender las bondades de la multiprogramación en nuestro país; sin embargo, no menciona que en el continente europeo se seleccionó el estándar de televisión digital DVB-T2 (Digital Video Broadcasting), cuya principal característica es el fomento de la diversidad. Este estándar también fue adoptado en países de América Latina como Uruguay, Colombia y Panamá, tras una amplia discusión sobre la pertinencia del protocolo.

En México, sin deliberación ni consulta pública, se optó por el estándar A/53 de ATSC que privilegia la calidad de imagen sobre la diversidad de opciones televisivas, por lo que el documento de la Cofetel sólo busca confundir. Además, en Europa se otorgaron los canales digitales a nuevos operadores para propiciar la diversidad de contenidos, mientras que en México la Cofetel –sin reglamentación ni discusión alguna, como ahora se ufana– ha pretendido que con un simple procedimiento de “toma de nota” la multiprogramación beneficie en primer lugar a los actuales consorcios que concentran 95 por ciento de las concesiones de televisión y de audiencia, así como 57.8 por ciento (2010) del total de la inversión publicitaria, según reconoce la propia Cofetel, multiplicando hasta por seis, si fuera el caso, las señales que podrían radiodifundir Televisa y TV Azteca en cada uno de los canales que ya operan.

La verdadera diversidad en radiodifusión y el mejor aprovechamiento de la televisión digital y el espectro radioeléctrico va a ocurrir cuando otras empresas, instituciones y organizaciones operen señales y participen de la multiprogramación en las mismas bandas de frecuencias que actualmente explotan los concesionarios de la televisión analógica. Este modelo se adoptó en Europa –que tanto menciona la Cofetel–, donde se decidió rescatar fragmentos del espectro de las televisoras para nuevas opciones y se está destinando el resto del “dividendo digital” para servicios de banda ancha de alta velocidad.

El carácter no vinculante de la consulta pública de la Cofetel convierte a ese mecanismo en inoperante, pues muchas de las recomendaciones que pudieran verterse no estarían en el ámbito de atribuciones de la Cofetel, por ejemplo, porcentajes de inversión extranjera para nuevos entrantes.

Además, la radiodifusión también es regulada por las secretarías de Gobernación en materia de contenidos, Salud en publicidad, así como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Federal de Competencia, por lo que en estricto sentido todas las dependencias involucradas en la regulación de esas actividades debieron ser las convocantes.

Para no incomodar a los concesionarios de la televisión, la Cofetel ha pospuesto la entrada de nuevos competidores a la televisión abierta, a pesar de que antes del año 2000 ya existía un mercado maduro de publicidad que se comprueba por las ganancias que han recibido las televisoras en ese negocio. Lo anterior sin mencionar la violación sistemática a los límites de transmisión de publicidad, no sólo en los tiempos destinados a la misma sino también en la llamada publicidad integrada, que cada vez invade más los contenidos de la televisión.

Por todas estas razones, la Amedi considera que:

1) la consulta pública debiera ser vinculante con la necesidad de un sistema de medios de comunicación democrático y no concentrado;

2) debiera estar acompañada de una reforma integral al actual régimen legal de las comunicaciones;

3) el sector requiere el fortalecimiento institucional del organismo regulador;

4) la transición a la TDT demanda una política pública integral con la participación de todos los actores involucrados;

5) debe promoverse una cadena nacional de televisión pública;

6) deben imponerse límites a la concentración de la propiedad mediática y el acaparamiento de frecuencias;

7) conviene reunir a todas las dependencias encargadas de regular la radiodifusión;

8 ) es indispensable invitar a especialistas, consumidores y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre los resultados de la consulta pública y la política de televisión digital;

9) deben incorporarse cuotas de pantalla, porcentajes de producción nacional independiente y fondos para el fomento de contenidos, y

10) la licitación de nuevos canales de televisión exige contraprestaciones o compromisos medibles para la digitalización del país.

México, D.F., 25 de noviembre de 2011

Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) A. C.

Lic. Aleida Calleja

Presidenta

Dr. Alberto Aziz Nassif

Coordinador del Consejo Consultivo

Comité Directivo

Alma Rosa Alva de la Selva, Comité de Investigación; Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Mónica Lozano, Comité de Finanzas; Miguel Pulido, Comité Jurídico; Laura Salas, Comité de Difusión; Beatriz Solís, Comité de Relaciones Internacionales; Gabriel Sosa Plata, Comité Académico; Aimée Vega Montiel, Directora.

Comité Directivo

Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Rafael Gustavo Hernández García Cano, presidente del Capítulo Puebla; Vicente Hernández Delgado, presidente del Capítulo Sinaloa; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca; José Luis Muñoz Pérez, presidente del Capítulo Chihuahua.

Lamentable condescendencia del Tribunal Electoral con el capricho de las televisoras

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Al revocar el Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, los magistrados que conforman el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ofrecieron una escandalosa muestra de sumisión al poder de la radio y la televisión. No podemos calificar de otra manera la decisión unánime y sin argumentos sólidos que tomó ese organismo la noche del miércoles 14 de septiembre.

El Reglamento, aprobado el 27 de junio por el Instituto Federal Electoral, había sido fuertemente impugnado por los principales consorcios de televisión y radio porque reducía el plazo que puede existir entre la entrega y la transmisión de spots de campaña electoral a los concesionarios y permisionarios de radiodifusión. El plazo sería de dos días hábiles cuando los spots fuesen entregados en el domicilio de cada radiodifusora o televisora y de tres días cuando fuesen enviados por vía electrónica.

Los concesionarios objetaron tales plazos, alegando que no tienen capacidad técnica para incorporar spots dentro de su programación con esa anticipación. Sin embargo, en diversas ocasiones han requerido de solamente un día, o incluso pocas horas, para difundir un spot, sobre todo cuando hay una remuneración financiera de por medio.

Los plazos establecidos por el IFE pretenden dar mayor agilidad a la propaganda electoral y reconocer el derecho de los partidos políticos a fijar posiciones políticas con oportunidad. La decisión del Tribunal debería ser impugnada por los partidos mismos. Lamentablemente, algunos de ellos formaron fila junto con los concesionarios en las quejas de inconstitucionalidad presentadas ante el TEPJF.

Lo que incomoda a los grupos mediáticos no es el plazo para insertar spots, sino la obligatoriedad para difundir propaganda electoral en los tiempos de los cuales dispone el Estado en cada estación de radio y televisión. La instauración de la gratuidad en la propaganda electoral suscitó la rebelión de los concesionarios en contra del Senado de la República y de los grupos parlamentarios que promovieron hace cuatro años la reforma constitucional de la cual forma parte esa obligación. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión mantiene la beligerancia que sus integrantes más notorios mostraron al enfrentar a los partidos en septiembre de 2007.

El Tribunal Electoral consideró que el Reglamento era ilegal porque el Instituto Federal Electoral no consultó a los concesionarios ni ofreció estudios técnicos para establecer los nuevos plazos.

El Reglamento de Radio y Televisión del IFE se ocupa de otros temas, entre ellos las facilidades que deberían recibir las radiodifusoras comunitarias para cumplir con la obligación de difundir los spots de campañas electorales. La cancelación de ese Reglamento también afecta derechos y reivindicaciones de esas radios comunitarias, las cuales cuentan con el permiso para operar frecuencias.

Rechazamos el descuido, la ausencia de argumentación consistente y la carencia de miras que ha indicado esa decisión del Tribunal Federal Electoral. Más allá de peculiaridades técnicas y jurídicas, esa resolución manifiesta nuevamente una inaceptable rendición de los magistrados a la influencia de los concesionarios, particularmente de las televisoras. La responsabilidad que tendrán en el proceso electoral que está por iniciarse, exige que los magistrados del TEPJF piensen más en los intereses del país y un poco menos en los escasos minutos de fama mediática que les ofrecen las televisoras.

El Instituto Federal Electoral tiene la posibilidad de restablecer el Reglamento, después de convocar a una consulta entre todos los interesados en este asunto. En ese foro podrían contrastarse las falsedades de grupos como Televisa y Televisión Azteca con pruebas y experiencias sólidas. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información solicita desde ahora, ante el Instituto Federal Electoral, ser incluida en esa consulta. Tendremos mucho interés para enfrentar, con argumentos y evidencias, las mentiras de las televisoras que lamentablemente el TEPJF ha consagrado al condescender con esos grupos de poder.

México D.F., 15 de septiembre de 2011

 

Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C.

Aleida Calleja
Presidenta

Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo