Derechos humanos

Estatus constitucional para el derecho a la propia imagen

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Por  Juan Gómez Pérez*

video-games-fan-893839-mUna consecuencia natural del avance tecnológico, principalmente en el ámbito informático y de los medios de comunicación, consiste en el desarrollo de diversas herramientas que facilitan la publicación y manipulación de imágenes, que en algunos casos, suelen derivar en la intrusión en la vida privada, íntima y familiar de las personas.

En el mismo sentido, en los últimos años, también han aumentado las cifras de personas afectadas por la publicación y difusión de imágenes, que muy frecuentemente, las exponen al escarnio y estigmatización y en algunos casos, más delicados, han terminado dañando de forma irreversible su reputación individual o familiar.

Ante esta situación, no resulta difícil explicar la urgente necesidad de replantearse la regulación de un derecho humano tan importante, como lo es el derecho a la propia imagen.

En este sentido, la doctrina jurídica ha establecido, que el “derecho a la propia imagen o derecho a la imagen”,  fundamentalmente puede definirse como “un derecho humano, por medio del cual toda persona, puede exigir que su imagen no sea reproducida a través de ningún medio, si previamente no otorga su consentimiento”.

En el orden jurídico mexicano, como se sabe, dicho derecho se encuentra definido “indirectamente”, en los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución Federal, al referirse a los límites de la libertad de expresión y la libertad de imprenta, así como, en las garantías individuales relacionadas con la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones privadas.

De la misma manera, podemos encontrar referencias en la legislación penal  y civil del ámbito federal y sus correspondientes en las entidades federativas. Sin embargo, hasta hoy el “derecho a la propia imagen”, al igual que otros derechos estrechamente relacionados con su tutela – como son los derechos al honor, a la vida privada, a la intimidad- carece de una “definición explícita y directa desde el texto constitucional”, como hasta hace poco sucedía con la protección de los llamados “datos personales”.

Dicho vacío normativo es alarmante, si se tiene en cuenta que el derecho internacional ha considerado el “derecho a la propia imagen”, como un derecho fundamental desde hace varias décadas. Es el caso, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos normativos.

Al respecto, resultan relevantes las recientes reformas al artículo primero de la Constitución Federal (2011), puesto que al integrar el bloque de constitucionalidad, teniendo en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se presenta una excelente oportunidad, para subsanar diversas lagunas constitucionales, como es el caso del derecho a la “propia imagen”.

El cambio tecnológico que hoy vivimos, implica un redimensionamiento de la persona humana, así como nuevas formas para relacionarse en el ámbito social. La era del “homo videns”, la euforia de Facebook y Twitter, coexisten con el derecho cada vez más amenazado de las personas a proteger su propia imagen, su intimidad y su vida privada, de ahí la importancia de garantizarlos al más alto nivel, de manera clara, de tal suerte que permitan integrarlos a la nueva cultura ciudadana que muchos estamos tratando de construir.

*Coordinador del Comité Jurídico de la Amedi Oaxaca

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Se admite amparo contra la concentración Iusacell-Televisa

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El Poder Judicial acepta el interés legítimo de la AMEDI en contra de la resolución de la Cofeco
· El amparo fue admitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal

Con la intención de proteger la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) con el apoyo de la organización Litiga Ole, experta en materia de litigio estratégico, interpuso un amparo y solicitó la suspensión del acto de autoridad consistente en la aprobación condicionada de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) de la alianza Televisa y TV Azteca a través de Iusacell.

La protección de la justicia que se demanda es en contra de la autoridad que consintió una concentración de medios inédita en las democracias modernas. La Amedi reconoce el destacado papel que en estos temas ha asumido el Poder Judicial, como un contrapeso a las decisiones erróneas y autoritarias del Poder Ejecutivo; la pasividad, omisión y complicidad para con las televisoras del Poder Legislativo, y los intentos recurrentes de abusos por parte de los poderes fácticos de la comunicación.

El amparo promovido fue admitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal en contra de la resolución de la Cofeco, por lo también se solicitó la suspensión de oficio de ese mismo acto por afectar de manera irreparable el derecho a la información al permitir una concentración sin precedentes.

La Amedi sostiene, y por eso reclama la protección de la justicia, que con su resolución los comisionados de la Cofeco violaron la Constitución, la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento, así como mecanismos de derecho internacional que al ser firmados por el Estado forman parte del régimen jurídico mexicano, y está obligado a su cumplimiento. Con esta decisión la Cofeco configuró un monopolio convergente con la única intención de enfrentar al monopolio de las telecomunicaciones de este país, pero con ello no protegió el interés público ni el bienestar de los consumidores, sólo el provecho privado de esas empresas.

La Cofeco pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico. Es cierto que de un mecanismo de competencia como la resolución de la Cofeco no se pueden extraer soluciones para todo el sector de la radiodifusión, pero de ninguna manera debe empeorar su concentración.

Las condiciones que impuso la Cofeco no corrigen los efectos de la concentración Televisa-Iusacell. Por ejemplo, no tiene atribuciones para acelerar el proceso de licitación de frecuencias de televisión abierta y, por lo tanto, no podría activar un mecanismo de disolución de la alianza si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente dicha licitación, tal y como establece la primera condición de la resolución. Asimismo, el Pleno de la Cofeco no se ha pronunciado sobre si la designación de Emilio Azcárraga Jean como copresidente de Grupo Iusacell viola la cuarta condición de la Cofeco en materia de administración separada: “el Consejo de administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida”.

La inacción de la Cofeco con esta provocación, coincide con los términos del amparo interpuesto en el sentido de que la concentración aprobada y sus condiciones no son las idóneas para equilibrar la competencia y no se fomentó una pluralidad de fuentes informativas para el libre ejercicio del derecho a la información. Incluso al momento de revisar el recurso de reconsideración de las empresas y aprobar la concentración condicionada el 6 de junio de 2012, no habían cambiado las condiciones que motivaron su rechazo en la resolución de enero del mismo año. Por lo tanto, la Cofeco reconoce que los riesgos de la concentración no habían sido corregidos y sólo confía en la buena conducta de las empresas, abdicando de su obligación de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

La Amedi presentó un amparo de vanguardia, único en su tipo y el primero en sus términos para la defensa de un derecho humano fundamental como lo es derecho a la información. La transgresión de esta garantía tiene implicaciones en los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos de los individuos, afectando su bienestar y poniendo en duda la democracia como forma de gobierno y de vida de los ciudadanos.

Con el amparo admitido por el Poder Judicial de la Federación, la Amedi se apega a la legalidad y al marco jurídico vigente, como no pudo o no quiso hacerlo el organismo antimonopolios el cual, en los próximos días, deberá rendir ante el Juzgado un informe justificado que explique las causas que motivaron su decisión de aprobar la concentración condicionada de Televisa-Iusacell.

Si la Cofeco hubiera hecho una investigación acuciosa de las pretensiones de las empresas, hubiera constatado que no sólo no existe antecedente en el mundo, sino que más bien la concentración y la propiedad cruzada de medios se encuentra reguladas y existen límites precisos a la tenencia de espectro, la posesión de cadenas de televisión, medios adicionales en una misma plaza y porcentajes de audiencias. Con su decisión, la Cofeco ignoró todo este cúmulo de información internacional y, por lo tanto, debiera plantearse la situación en términos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que autorizaron la concentración Televisa-Iusacell.

La admisión de la demanda de amparo obliga al juzgador a analizar el fondo del asunto: la acentuada concentración de medios en México y su afectación a derechos fundamentales de la soceidad. Por eso hacemos un llamado para que la próxima legislatura, en función, además, de las distorsiones informativas que se suscitaron en el proceso electoral de 2012, se comprometa con la democratización de los medios de comunicación y apruebe una reforma integral al régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Una vez más, la realidad comprueba su necesidad y urgencia.

México, D. F., 1 de agosto de 2012
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHO A LA INFORMACIÓNALEIDA CALLEJA
Presidenta del Comité Directivo

ALBERTO AZIZ NASSIF
Coordinador del Consejo Consultivo

Foro: Actores y elecciones 2012

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Lugar: Café “El Lobo Azul”

Fecha: 15 de junio

Justificación del foro

Compartir reflexiones acerca del contexto nacional y local en el cual se llevarán a cabo las elecciones federales del 2012.

Objetivo del foro

Socializar información del contexto nacional y local: actores, movimientos sociales, instituciones y poderes fácticos actuales, para contextualizar el entorno en el que se dan las elecciones 2012 y reflexionar sobre las posibilidades y retos de la participación ciudadana y el voto.

 Duración

Dos horas  y veinte minutos  (17:00 a 20:00)

Programa

 

Hora

Tema/Actividad

Responsable

17:00 a 17:15

Registro participantes. Tequio Jurídico A.C.

17:15 a 17:30

BienvenidaIntroducción al foro

Dinámica de moderación

Tequio Jurídico A.C.

17:30 a 17:50

La emergencia ciudadana y los partidos políticos. Juan Antonio Vega BaezBabel Sur A.C.

17:50 a 18:10

¿Democracia o Telecracia? El debate por el derecho a la información y la transparencia. Juan Gómez PérezAMEDI

18:10 a 18:35

Preguntas del público. Tequio Jurídico A.C.

18:35 a 18:55

Agenda y Movilización ciudadana en Oaxaca. Pedro Matías

18:55 a 19:15

El derecho a la información en Oaxaca. Magdalena López RochaAMEDI-OAXACA

19:15 a 19:40

Preguntas del Público. Tequio Jurídico A.C.

19:40 a 20:00

ConclusionesParticipación Ciudadana: reflexiones, desafíos y retos en la coyuntura electoral. Miguel Ángel Vásquez de la Rosa.

 

Ponencia de Amedi Oaxaca sobre la publicidad oficial en la entidad, parte 1

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Participación de Magdalena López Rocha en el foro Gasto de Publicidad Oficial en las Entidades Federativas, convocado por la asociaciones Fundar, Artículo 19, la Red de Rendición de Cuentas y el  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el pasado 21 de febrero en la Ciudad de México.

Convocan el capítulo Oaxaca de la AMEDI y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña al seminario “Comunicación y Género”

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La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Oaxaca en coordinación con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) convocan a periodistas, docentes, servidores públicos y personas interesadas a participar en el seminario “Comunicación y Género”, el cual se realizará en las instalaciones del Centro de Innovación Educativa y Desarrollo Humano (IDEHUM), de la Universidad “Benito Juárez”  de Oaxaca (UABJO), los días 24 y 25 de septiembre del presente año.

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